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| Jesús AlbertoCano Vélez |
El primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue
uno de valientes acciones políticas orientadas a convencer a los mexicanos —y a
sus pares políticos— sobre la necesidad de lograr modificaciones
constitucionales y legislativas de gran calado, que le urgían al país por
haberse dejado pasar cruciales momentos de cambio en el mundo que no se habían
podido hacer en México.
En este año que termina se acordaron, en las dos cámaras del Congreso
federal, diez reformas estructurales que las sabíamos necesarias, pero por no
haberse ideado y negociado con anterioridad, tuvimos que vivir tres décadas de
estancamiento económico, mientras que en el mundo, y particularmente en América
Latina, la vida seguía avanzando.
Requirió mucha comprensión y negociación para, primero, entender con los
propios y, luego, convencer a las opositores que en una democracia las
decisiones deben convenir a la mayoría, sin atorarnos en convicciones
ideológicas, y que juntos podíamos satisfacer los planteamientos propios y los
de los contrarios, ya que se trataba de ofrecer soluciones a los mexicanos.
Se fue hilando fino, atacando primero los temas en los que se podía
concitar una mayor medida de acuerdos para ir progresivamente a lo más
complicado. Así se escribió el primer capítulo de las reformas estructurales;
aún falta mucho por hacer, como las leyes específicas de la instrumentación.
Ahora, las reformas constitucionales van avanzando en su etapa de
aprobación en las legislaturas estatales; requiriéndose 50% más uno de los
congresos estatales. Las reformas estructurales logradas son esencialmente
de índole económico.
Están, por ejemplo: la Reforma Hacendaria, que propuso una estructura
tributaria requerida por el país para lograr allegarle los recursos económicos
que necesitan las instancias gubernamentales para ofrecer los servicios públicos
que necesitan los mexicanos, como son la educación, la salud, las obras
públicas urbanas y demás, que sólo una instancia gubernamental puede proveer.
La Reforma Financiera, que asegurará que operen en el país las entidades
financieras que se necesitan, dentro de un marco regulado por la ley para
propiciar su adecuada operación y seguridad, y que sirvan a los intereses de la
economía. Estos son los bancos comerciales privados, nacionales y extranjeros,
las financieras, los bancos de desarrollo del Estado mexicano y las casas de
bolsa, las diversas entidades especializadas, como las casas de cambio, las
operadoras en valores, etcétera.
La Reforma Fiscal, que cuidará los intereses de los que conformamos la
economía mexicana y propiciará el cumplimiento de los compromisos de las
solicitudes gubernamentales, en lo que concierne su manejo adecuado
presupuestal, autorizado por las instancias legislativas respectivas.
La nueva contabilidad gubernamental, a la que estarán sujetos todos los
gobiernos, en lo que concierne su reportería, para asegurar la debida
transparencia y la comunicación que deben propiciar a la ciudadanía respecto al
manejo de los fondos públicos que ellos operan, sean estas instancias
estatales, municipales o federales.
La Reforma Educativa es de capital importancia por tratarse de propiciar la
calidad y cobertura de educación que se debe dar a nuestras hijas e hijos, que
constituyen el capital humano más importante del país y en los que está cifrado
el futuro del México. De ahí que la capacidad de los maestros y la calidad de
la educación que impartan es de fundamental importancia para México.
La Reforma Político-Electoral, que trata de los derechos y la equidad que
deberá existir en la estructura y en la competencia entre los actores
políticos.
La Reforma Laboral, que deberá promover la operación de un mercado formal
de trabajo en el que se ofrezcan las seguridades de jubilación al final de la
vida laboral, la atención médica para el trabajador y su familia, y que
propicie niveles adecuados de remuneraciones y oportunidades de empleo.
La Reforma de Telecomunicaciones, que deberá ordenar las relaciones
tecnológicas y de operación entre los que trabajen con las frecuencias
electromagnéticas para impedir monopolios, asegurando la debida competencia y el
bien de la sociedad mexicana.
La Reforma Energética fue de lo más delicado para su aprobación, pero las
reformas estructurales recientemente aprobadas, y ésta en particular, abren las
expectativas de crecimiento económico para México, que se ubicará en un rango
en torno a 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2014.
Asimismo, fueron aprobadas la Reforma sobre Transparencia y la nueva
conformación del IFAI, así como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, para incorporar el concepto de déficit estructurado, es decir,
déficit o superávit, cuando sea necesario. Por último, falta de formalizar la
Reforma de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Como último comentario, recuerdo lo que dijo ayer el titular de la
Secretaría del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida: “todas las
reformas afectan intereses y en la Reforma Energética hay intereses ideológicos
legítimos que se oponen a que el país cambie. En el resto de las reformas, lo
que se afecta son las inercias”.
(*) Presidente del Colegio Nacional de Economistas,
Federación de Colegios
de Económistas, A.C.
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