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| Jesus A. Cano Velez |
(*)Jesús Alberto Cano Velez
El 2013 ha sido un año difícil para México y un número importante de
otras economías —socios comerciales nuestros— que estuvimos amenazadas de
entrar en recesión, como ocurrió con la mayoría de los países europeos y como
nos flagelaron en el pasado dañinas recesiones que llegaron hasta el extremo de
la gran depresión de los años treinta en el siglo pasado.
De hecho nos salvamos gracias a políticas diversas, promotoras de
actividad económica y empleo, que en forma coordinada se dieron en importantes
países, socios nuestros, y las que aplicamos en México, desde nuestras
respectivas trincheras.
Las más sonadas fueron las expansiones monetarias instrumentadas por los
poderosos e influyentes bancos centrales —estadunidense y japonés— y políticas
similares aplicadas en otras latitudes, no siempre tan sonadas, incluyendo las
nuestras.
Luego también estuvo el gran movimiento de políticas económicas y
sociales, comandado por el presidente Peña Nieto y su
gabinete, que conjuntamente con las dos cámaras legislativas federales e
instancias estatales, —en los casos de reformas constitucionales— se
requirieron para adecuar las leyes estatales ante las modificaciones federales
respectivas.
Quizá la más importante hasta ahora fue la reforma fiscal, cuyos
objetivos fundamentales fueron elevar la disponibilidad de recursos
gubernamentales para darle capacidad al Estado mexicano de proveer bienes y
servicios necesarios a la gran población de nuestro país, tales como seguros de
desempleo, servicios médicos y eventualmente pensiones, también para todos los
mexicanos, sin importar en dónde trabajen y poder gozar de dichos privilegios
sólo por ser mexicanos.
Luego, además era importante alinear las aportaciones de impuestos a las
capacidades de los contribuyentes, según sus ingresos y suficiencia de aportar.
Esas labores avanzaron mucho el objetivo
inicialmente planteado por el Presidente de la República, pero faltan acciones
para, eventualmente, llegar al objetivo trazado, en el que todos los mexicanos
gocen de los servicios médicos gratuitos y las pensiones jubilatorias
merecidas.
Evidentemente, la lucha ha sido “magna” porque se trataba de restarle
recursos a algunos segmentos de la población —los de mayores ingresos— para
poder trasladarlos a los segmentos poblacionales necesitados. Hasta ahora el
privilegio de gozar de atención médica y pensiones jubilatorias es de
aproximadamente la mitad de la población; y aún esos beneficios requieren
muchas mejoras. Por otra parte, de no haber sido por las acciones tomadas para
proteger la planta productiva y el empleo, en el curso de 2013 hubiéramos
entrado en México, al segmento negativo de las mediciones de actividad
económica.
En nuestro país el Banco de México y sus políticas monetarias fueron
determinantes al actuar para proteger la actividad económica, con tres
reducciones en sus tasas de interés de referencia —que determinan las tasas
disponibles en el país y de esa manera incentivan la actividad económica— que
estaba siendo presionada a la baja por potentes fuerzas recesivas provenientes
del exterior.
También dignas de tomarse en cuenta fueron las actividades promotoras
diversas en México, incluyendo las instrumentadas por la Sociedad Hipotecaria
Federal (SHF), conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
como respuestas a una grave potencial crisis en el segmento de viviendas, en la
construcción de nuevas moradas, antes financiadas por las grandes vivienderas,
que entraron en crisis y tuvieron que abandonar la atención al importante
mercado nacional, que pide y requiere la construcción de cada vez más casas
para las familias nuevas que anualmente se forman en México y que urge
encontrar espacios para fincar los hogares dignos de esa creciente población.
La Sociedad Hipotecaria Federal también auxilió al sector vivienda con
financiamientos a las familias, a través de la habilitación de los nuevos
bancos, Sofomes, Uniones de Crédito e instrumentos financieros que participan
como distribuidores de los recursos que la SHF pone a disposición del mercado
de crédito para la adquisición de vivienda por las familias mexicanas, mismo
que entró en crisis a partir de 2008 con la desaparición de las Sofoles que
antes canalizaban los recursos que la SHF ponía a su disposición.
(*) Presidente del
Colegio Nacional de Economistas,
Federación de Colegios
de Económistas, A.C.

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