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| Diputado Samuel Moreno |
Hermosillo, Sonora, a 05 de
noviembre de 2013.- Los ayuntamientos de Sonora están incumpliendo la ley al no
aplicar el reglamento para el control de operación de los casinos y la
prohibición de la venta de alcohol en estos establecimientos, por lo que
pudieran hacerse acreedores a juicio político, informó Samuel Moreno Terán.
El coordinador del Grupo Parlamentario del
PRI y autor de la “Ley Anticasinos” para el Estado de Sonora indicó que el
pasado 1 de noviembre venció el plazo de 90 días que se dio a los ayuntamientos
para que modificaran su reglamento que regula la operación de los casinos.
Recordó que se legisló para que no se
instalen más casinos en el Estado, se les dio herramientas a los ayuntamientos
para frenar la apertura de más centros de apuestas y se hizo una ley para
regular los horarios de operación y prohibir la venta de alcohol.
“Los ayuntamientos están ahorita violando
la ley. No están aplicando la ley que en el Pleno del Congreso se votó y se
aprobó, se dieron 90 días para que se modifiquen sus reglamentos y este plazo
ya se cumplió”, expuso Moreno Terán.
En conferencia de prensa el legislador
explicó que la Constitución Política del Estado establece en el artículo 144
que cuando el funcionario público incurre en actos u omisiones graves que
redunden en perjuicio de los intereses públicos es sujeto a juicio político.
“Quiero enviar un mensaje a los
ayuntamientos para que en la brevedad posible se reúnan en cabildo para
reglamentar y poner en vigor la ley que limita de 3 de la tarde a 2 de la madrugada
el horario de operación de los casinos y que se prohíba vender bebidas
alcohólicas; que se multe a quienes no lo cumplan.
“No podemos permitir que por una omisión
de las autoridades municipales se estén destruyendo patrimonios y por
consecuencia sean afectadas miles de familias en el Estado”, puntualizó.
Samuel Moreno Terán mencionó que analizará
con la Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política cómo se procederá
contra los ayuntamientos que están incumpliendo la ley, porque las sanciones
para los servidores públicos consisten en destitución o inhabilitación para
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en
la administración pública.

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