HAY VEREDICTO EN CASO OOMAPAS ÁLAMOS

Inhabilitan para ejercer cargos públicos al ex Alcalde

Navarro y a Bedoya por 6 y 10 años; Deberán pagar

mas de 8 MDP; lo Penal sigue adelante en la AMP!

Por Fausto Islas S.

     ÁLAMOS, Sonora, agosto 30 de 2013.-  El ex presidente Joaquín Navarro Quijada y el ex director de OOMAPAS Juan Bedoya Ocaranza, fueron sancionados económicamente por el orden de $ 6´886,913.00, además de que quedaron imposibilitados para ejercer cargo público por 6 años y 10 años, respectivamente, aunque el ex  titular del Organismo Operador fue condenado a la inmediata devolución de $1, 221,432.00, todo ello como parte del procerso que inició el Ayuntamiento el pasado 3 de enero por irregularidades detectadas al recibir la dependencia.

    Así lo afirmó ayer Julio César Mc Gahey Rodríguez, Contralor Municipal, quien expresó se decidió sancionar a ambos por encontrar complicidad entre el Dr. Navarro y Bedoya en las irregularidades cometidas; dentro del expediente, manifestó el vocero, hay un oficio de la CONAGUA dirigido al ex alcalde donde se le informa que se debe devolver poco más de dos millones de pesos por irregularidades en el manejo de los fondos federales, y se hizo caso omiso a tal orden.

     Explicó que el proceso inició cuando Cabildo ordenó una auditoría externa para ver las condiciones en que se recibía la administración; el chequeo fue general y se detectaron irregularidades tanto en OOMAPAS como en tesorería.

     Una de esas irregularidades fue haber realizado una obra con recursos del ayuntamiento y al llegar los recursos federales empataron un contrato para recibir y disponer del dinero.

    Si Bedoya y Navarro no están conformes con los resultados del caso, el asunto pasará al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el desahogo de pruebas. En esta fase Contraloría Municipal no tiene una responsabilidad directa pero estará al tanto de que se le dé seguimiento al proceso.

     Los pagos de las sanciones se harán vía hacienda, mediante un crédito fiscal, en apego al artículo 70 de la ley de responsabilidad de los servidores públicos para los municipios, que marca que cuando haya una sanción económica por daño patrimonial o enriquecimiento ilícito, el pago de la sanción será en dos tantos, en este caso ya no se habla de poco más de 8 millones de pesos sino de 16 millones pasaditos.

      Lo penal es algo paralelo y ajeno a Contraloría, el proceso sigue adelante en el Ministerio Público, la Síndico estárá al pendiente y pasados los tiempos legales y deshogadas las pruebas se emitirá un veredicto.

     La intención de abrir el proceso fue dar transparencia al actuar de la presente administración y con ello dejar claro que más que una “cacería de brujas” se buscó sentar precedentes para que en el proceder de los actuales y futuros funcionarios, se tenga en cuenta que se debe trabajar con honestidad y responderle a la sociedad como se merece, finalizó Julio César Mc Gahey Rodríguez, Contralor Municipal.