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Diputado Gerardo Figueroa |
Hermosillo, Sonora., Abril 13 de 2011. Ante la falta de sensibilidad por parte del Estado y la Federación para solucionar el problema de los pescadores, diputados aliancistas presentaron un exhorto para promover una reunión urgente con las autoridades relacionadas para que se resuelva en definitiva este conflicto originado por la falta de permisos.
A nombre de la Alianza PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, el diputado Gerardo Figueroa Zazueta dio lectura al exhorto donde se establece que después de varias semanas de denuncia, la situación de los pescadores del Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco es insostenible, debido a que la falta de permisos provoca el desempleo y la inestabilidad social.
Ante los pescadores del Golfo de Santa Clara que este miércoles se manifestaron en el Pleno del Congreso exigiendo una solución inmediata, el legislador por el II distrito local señaló que en repetidas ocasiones los diputados de la Alianza han intervenido como gestores para buscar una solución inmediata a este conflicto ancestral, sin embargo, no ha habido respuesta.
“Ahora el congreso está exhortando al Gobernador para que en coordinación con las dependencias del sector pesquero promuevan con autoridades federales una mesa de trabajo para analizar, promover y proponer una solución definitiva a la problemática relacionada a la falta de permisos”, señaló el representante de Puerto Peñasco.
El exhorto remitido para su análisis a la Comisión de Pesca y Acuacultura, refiere que también se deberán promover los trabajos necesarios para la implementación de un reordenamiento pesquero para brindar certeza jurídica y laboral a los trabajadores del sector.
El recurso fue bien recibido por los pescadores que presenciaron la reunión apoyados con mantas y cartulinas, donde solicitaban ayuda para la solución definitiva a este conflicto.
El representante de los inconformes, Fernando García Pacheco, secretario general del Sindicato Nacional de Pescadores, Similares y Conexos del Golfo de California señaló que la autoridad estatal y federal violan la Constitución Política Mexicana al no garantizar las fuentes de trabajo.
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