HOJAS SUELTAS

Sonora: régimen de terror

Alejandro Olais

De Alejandro Olais

        Mientras desde Sanya—comunidad china de Asia—, Enrique Peña Nieto advertía ayer sábado, el gobierno tiene la atribución y la obligación de usar la fuerza pública para hacer respetar los derechos de la ciudadanía, en Sonora, el responsable de dicha aplicación, Guillermo Padrés Elías, tergiversa la clarinada presidencial echando la policía sobre el pueblo (mineros, transportistas, usuarios), en defensa de públicos intereses de su gobierno, imponiendo régimen de terror, sin precedentes en 46 años.

                 En 1967, disidentes políticos fueron reprimidos con grupo de choque armado —denominado “ola verde” —, y el gobernador Luis Encinas Johnson dispuso contratar leones de un circo para contener la ira popular, orden ésta afortunadamente desacatada por valiente secretario del ayuntamiento de Hermosillo, Ramiro Oquita y Meléndrez.

               Peor aún, en las propias oficinas del secretario de gobierno, Roberto Romero—conocido con el remoquete temible del ‘Chacal’—, se practica la tortura de enemigos políticos.

              En la presente administración panista esto no es nuevo, pues del 13 al 19 de mayo de 2011, la trabajadora doméstica de la familia Padrés-Dagnino, Gisela Peraza, sufrió en Casa de Gobierno. secuestro y tortura por presunto robo de joyas y 5 millones de pesos en efectivo, en complicidad con el guardián de la residencia oficial Roberto Munro—al cual no se le molestó por su liga consanguínea con el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro Palacio—, iniciando el martirio contra ella el propio particular del Ejecutivo estatal, Agustín Rodríguez, en funciones de policía.

               Luego, cuando enviados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llegaron a la prisión de Huatabampo a recoger el testimonio de Gisela, no los dejaron entrar.

              Hoy en día el generalizado miedo colectivo se acrecienta con prácticas gorilescas —donde colamos también periodistas, denostados por sicarios de hocico del padresismo—. como la del viernes 5 cuando en la misma ciudad capital fueron arbitrariamente encarcelados decenas de residentes del municipio de Soyopa, al manifestarse contra la empresa minera canadiense ‘Libertad’ que tuvo el descaro de publicar el sábado desplegado de agradecimiento al Gobierno del Estado por semejante represión.

                Los expresamente afectados David Guadalupe Valenzuela y Ramses Valenzuela Infante denunciaron la violación a sus derechos humanos, por parte del Gobierno de Sonora,  autoridad que nos privó de la libertad y nos mantiene presos por defender la tierra que es de, nuestra propiedad y que explota una compañía minera extranjera.

           Añadieron, fuimos apresados en compañía de un grupo de 40 personas, entre hombres y mujeres, de la comunidad de San Antonio de la Huerta en el municipio de Soyopa, por  estar negociando un convenio con la empresa, explicando, las fuerzas policiacas del Gobierno de Sonora, pretenden seguirnos un proceso y criminalizan  derechos a la libertad de expresión  de asociación parta defender la tierra que nos otorgó el Estado Mexicano para beneficio de nuestras familias.

               A la fecha continúan detenidos 5 directivos del ejido, que son profesores y que estában en labor de mediación para negociar  entre la comunidad afectada  y la minera en cuestión, siendo  los todavía detenidos Sergio Acedo Miranda, Manuel Yanez Encinas, Ramón Antonio Acedo Espinoza, además de los suscritos Valenzuela Infante y Valenzuela.

               Como en Cananea de 1906, en los tiempos del porfiriato y el gobernador Rafael Izábal—por cierto originario de Culiacán cuyo cuerpo, al morir, fue tirado al mar para evitar la violenta exhumación de los indígenas yaquis—, la compañía minera adueñada actualmente de Soyopa, es filial de la trasnacional canadiense Zaruma Resources Inc. (Zaruma) con sede en Toronto,  que cotiza en bolsa con la clave  ZMR.V, y que para obtener pingues ganancias, violenta derechos  humanos.

                En el escándalo de los soyopenses, ha sido notoria la gestión ignorada a favor de los agraviados ante las autoridades competentes, del diputado local Carlos Ernesto Navarro López.

                 Picado en la ilegalidad, Padrés mandó al día siguiente a detener sin orden de aprehensión—llevándolos esposados a declarar, ante el ministerio público, a lo cual, invocando la ley, se negaron—, a 18 transportistas, acusado por un delito, cometido por el estado, no por ellos.

                 Menos culpables eran los usuarios de camiones urbanos de la ruta 18, cuya cobertura se extiende por populosas colonias del noroeste de Hermosillo, con inmensa mayoría de la clase económicamente baja.

               Resulta que las autoridades del ramo—jefaturadas por otro insensible cananense, Francisco García Gámez—, pidieron a la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte de Hermosillo, unidades para hacer un muestreo de su actividad, a efecto de autorizar o no, enésimo aumento de tarifa.

                 Sin embargo, nunca resolvieron ni devolvieron los camiones a sus dueños—pagando estos diesel y choferes—, menos las ganancias, apañadas por los corruptos funcionarios estatales, aunque, eso si, los amenazaban con encarcelarlos, si protestaban.

                  Ante lo que se veía venir, la víspera, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los líderes transportistas, encabezados por José Luis Gerardo, enviaron cablegrama urgente para salvaguardar su integridad personal y patrimonio ante las amenazas del secretario Romero, de intervenir ilegalmente, con la fuerza pública, su empresa, de carácter privado.

                 Peor aún, la anarquía del padresismo no conoce límites, ni instancias, toda vez, el gobernador Padrés literalmente se pitorreó de la aclaración del director general de la Comisión Nacional del Agua en el sentido de que el Gobierno de Sonora no ha solicitado el trasvase del liquido vital de la presa ‘El Novillo’—por decreto presidencial pertenece al valle del Yaqui, incluida la étnia del mismo nombre—, proclamando burlesco el mandatario estatal, los aspectos legales de la obra, se los dejo a los especialistas.

          ¿Especialistas o subalternos?, porque los primeros le dirían que está mal, y los segundos, la hora que usted diga, señor gobernador, sosteniendo con orden federal de aprehensión al director de la comisión estatal del agua, Enrique Preciado Martínez.

               Ante ésta situación, Adalberto Rosas López, el afamado Pelón del valle del Yaqui se fue a la yugular de Guillermo Padrés Elías al afirmar el fin de semana, pidiendo juicio político al gobernador panista, porque, dijo, es el enemigo número uno de los sonorenses y hay que destituirlo, en base al daño patrimonial causado al estado, por el orden de 4 mil millones de pesos, invertidos ilegalmente en la construcción del acueducto ‘Independencia’.

                Entrevistado Rosas en Ciudad Obregón, por Fidel Castro, reportero del periódico hermosillense Expreso, la nota fue escondida en la página 6 de la sección B de dicho rotativo, buscando, sin efecto, evitar el impacto del mandarriazo, dada la trascendencia sociopolítica en la entidad del declarante.

                De convicciones definidas, dada la estirpe de lucha, Adalberto es sobrino directo del inolvidable líder agrario Maximiano Machi López—asesinado a las puertas de su casa, de Coahuila 418 de la cabecera municipal de Cajeme, la medianoche del 26 de noviembre de 1953, en crimen a 60 años impune—, y primer candidato del partido Acción Nacional en 1985, documentalmente despojado del triunfó.

               La secretaría de Gobernación legitimó la leyenda del Pelón Rosas, con la revelación el 30 de abril de 2003—diez y ocho años después de polémicos comicios gubernamentales—, del expediente 026-037-001, de la entonces Dirección Federal de Seguridad, donde fue reconocido el fraude electoral, luego de aprobar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, autorizando automáticamente la desclasificación de archivos secretos de la política nacional.

             Ídem entra al record de Padrés, el desgarriate imperante en la máxima casa de estudios de la entidad, a punto de otra huelga totalmente dañina para los estudiantes y la sociedad en su conjunto por la complicidad de reelegir al corrupto rector Heriberto Grijalva Monteverde.

             Hace días instruyó a la mercenaria senadora de cortesía, la perredista Ana Gabriela Guevara, para anunciar apoyos financieros extraordinarios para el Alma Mater, y la medallista olímpica —en plata, jamás en oro—, no fue lejos por la respuesta, contestando la académica doctora Blanca González, en éste tenor:

               —Estimada Senadora Guevara, sobre el artículo hoy publicado en el periódico Expreso, le comento que no es que esté en contra de apoyar a la Unison pero primero la universidad y más bien la autoridades deberían limpiar la casa antes de andar solicitando apoyo financiero; esto se lo digo, ya que dentro de la institución hay una corrupción desmedida y con comprobación en más de 8 funcionarios de primer nivel empezando por el rector Grijalva. Es muy loable su gestión, pero, ¿de que servirá cuando aquí dentro se tiene una corrupción donde están involucradas diversas personas.

               La corrupción azul se manifiesta por doquier, y los indios guarijios están indignados, dice el gobernador tradicional Alfredo Anaya Rodríguez,  con el diputado federal panista del VII distrito, Máximo Othón Zayas, porque desde septiembre último tienen parada en la comunidad de Mesa Colorada—a 110 kilómetros, sierra arriba del norte de Álamos—, una ambulancia que les donó sin batería, ni equipo adecuado para trasladar enfermos.

                Todos los sectores desvalidos están abandonados y en ostensible negación de la división de poderes, al Congreso del Estado, el Ejecutivo le tiene retenido 75 millones de pesos, gran parte de esos recursos, destinados a la atención de carencias sociales.

                 La Suprema Corte de Justicia dictó el fin de semana un plazo—se vence este lunes para entregar esos dineros—, pero sabiendo como les vale….

                 Bueno, tampoco les hubiera ido mejor con el derrotado candidato priísta a esa posición, el rollero Bulmaro Andrés Pacheco Moreno, abogado con título pirata, quien ahora anda promoviendose—usando el nombre de Liébano Sáenz Ortiz, particular del presidente Ernesto Zedillo—, dizque para dirigir el Centro de Investigación y Estudios Políticos en el país.

                      La pregunta sería, ¿todavía existe esa dependencia, después de las funciones de la Procuraduría General de la República, absorbidas por Gobernación?

                  En tanto, con modestia ejemplar—de esos funcionarios terrenales necesitamos—, desde su celular Javier Hernández Armenta, gasto su domingo, invitando personalmente a todos los comunicadores a la conferencia de prensa que ofrecerá a las once de la mañana de éste lunes 8, en el salón de juntas de la secretaría de Comunicaciones y Tranportes—el domicilio por el bulevar ‘Ignacio Pesquería’, rumbo al aeropuerto internacional de Hermosillo—, como nuevo delegado de esa dependencia en Sonora.

              Seguramente le preguntarán sobre el desastroso estado en que dejó la carretera Internacional, sobre todo de la capital hacia el norte, el prófugo antecesor Luis Serrato Castell.

                  Mientras, otro estrenado, el titular de Desarrollo Social, Jesús Rosario Rodríguez Quiñones,  se fue el fin de semana al Distrito Federal a participar en el primer taller nacional de delegados, denominado “Coordinación e Integración Para Mover a México”, presidido por la ministro del ramo, Rosario Robles Berlanga.

             Por otra parte, dentro de esta feria de gratas sorpresas, no descarten el nombre de Pedro Ortega, brillante ex rector de la precitada Unison.

               Finalmente, enviamos a Mateo González, amigo de todos, y de siempre, un abrazo de solidaridad en las horas de dolor, por el fallecimiento de su hija Janet del Carmen, fallecida a los 40 años de edad, el pasado fin de semana en Hermosillo.

                Dios nos bendiga a todos.