En
reunión con productores agrícolas del sector social y privado del Valle del
Yaqui y del Mayo, sostenida en Ciudad Obregón, Gándara Camou destacó la
importancia que esta región productiva tiene para el estado y para todo el país
en la producción de alimentos.
“Este
tema de las heladas nos preocupa, nos mortifica, sabemos obviamente lo que
implica en el gran esfuerzo que día a día están haciendo ustedes, en el gran
esfuerzo y la pérdida de oportunidades de familias de jornaleros que viven al
día con esta serie de situaciones”, expresó.
Los
productores agrícolas señalaron que a pesar de las afectaciones que sufrieron
los cultivos, entre los que se encuentran hortalizas, maíz y frijol, el
Gobierno del Estado no ha solicitado la declaración de zona de desastre a la
Secretaría de Gobernación.
En
el sur de Sonora, desde la zona agrícola de Guaymas hasta el Fuerte Mayo,
pasando por el Valle del Yaqui, el Valle del Mayo y la región de Huatabampo,
hay un estimado de 20 mil hectáreas de cultivos, detallaron los productores del
campo.
Por
ello, solicitaron a Gándara Camou su intervención ante las autoridades
federales, a lo que el legislador sonorense respondió que gestionará el
acelerar el proceso para que la ayuda a esa zona productiva llegue lo antes
posible.
Concretamente,
dijo, recurrirá a la Secretaría de Hacienda, a la Sagarpa y a la misma
Secretaría de Gobernación, para lograr que se declare zona de desastre, como ya
se ha hecho en el norte de Sinaloa.
En
la reunión con los productores agrícolas estuvieron los alcaldes de Cajeme,
Rogelio Díaz Brown, y de Navojoa, Alberto Natanael Guerrero, así como diversas
organizaciones agrícolas.
En
una gira que Ernesto Gándara emprendió por Cajeme, se reunió, además de
los agricultores, con autoridades académicas del Instituto Tecnológico de
Sonora (Itson) y con comerciantes cajemenses agremiados en la Canaco Servytur,
a quienes escuchó en su problemática
Principalmente,
en el diálogo con estos sectores, el Senador Gándara escuchó de viva voz
que el problema es la lentitud en el flujo de recursos, en el caso de la
institución educativa; mientras que en el caso de los comerciantes, la creación
de impuestos desproporcionados que afectan la competitividad.


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