BISTURÍ

Otro frente de guerra: Municipalizar

 o estatizar el transporte urbano

José Luis Parra

      HERMOSILLO, Sonora, octubre 25 de 2012.- Todo hace indicar que el Gobierno de Sonora le mide el agua a los camotes para municipalizar o estatizar el transporte urbano. Para ello habría decretado esa requisa de la ruta 18 en Hermosillo, conocida como Multi Rutas, la cual administra en todos sus aspectos, como operación y mantenimiento, pasando por el pago de choferes.

Aquí en la capital el transporte urbano estuvo a cargo del gobierno municipal hasta la administración de Alicia Arellano Tapia (1979-82), siendo su último director el finado amigo Héctor Enciso. Desde entonces la prestación de ese vital servicio se entregó a concesionarios que se acostumbraron a vivir de subsidios gubernamentales, a cambio de facilitar las unidades que hicieran falta para el traslado de gente a manifestaciones políticas.

Y lo que llama la atención es que al apoderarse el gobierno de toda una ruta de camiones, los concesionarios permanecen tranquilitos.

¿Por qué?

Quién sabe.

Lo cierto es que el gobierno estatal se apoderó de la ruta 18, que se dividían entre 25 y 30 personas que acumulan unas 42 concesiones. Ahora todo controla el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (FEMOT) Sonora.

La medida aparentemente sería legal, ya que el Estado tiene la facultad de concesionar el servicio a particulares. Y también requisar. Pero desde el gobierno de doña Alicia no se veía al gobierno manejando los dineros que deja una ruta de camiones.

Y lo inédito, que el servicio de mantenimiento de las unidades estará a cargo del director del sistema penitenciario, Ricardo Ornelas, ex titular, para variar, de la Dirección del Transporte. La argumentación que aquí esgrimen las autoridades es para brindar trabajo a los presos del CERESO 1, en cuyas inmediaciones ya levantan el área de servicios.

Dicen que el gobierno entrega por goteo el subsidio al que están acostumbrados los concesionarios. Quizá por ello el pulpo camionero no ha pegado el grito en el cielo.

Y del aquél préstamo de hasta por 600 millones de pesos que destinarían a la modernización del transporte urbano, nada se sabe. Algunos piensan que buena parte habría quedado en campañas políticas, aunque no se descartaría que ese monto fuera para municipalizar o estatizar el servicio.

Sólo así se entendería esa medida gubernamental de manejar toda una ruta de camiones.

Y más vale que se apuren. En Ciudad Obregón amenazan con una huelga, mientras en Hermosillo y Navojoa las inconformidades no cesan.

Ya también está en marcha el cambio de rutas del transporte. Supuestamente se ejecutará, paulatinamente, a principios del año entrante. El gobierno ya compró unidades seminuevas y contempla adquirir más.

Al parecer se prepara una cancelación masiva de concesiones, o simplemente requisar todo el servicio. La experiencia de operación y mantenimiento ya la están recibiendo con la ruta 18.

Pero cuidado, en la pasada administración estatal hubo un cambio de rutas que estuvo a punto de provocar una revuelta ciudadana. Si el cambio lo hacen con la misma pulcritud del relevo en el Supremo Tribunal de Justicia, seguramente arderá Troya.

Los usuarios del transporte urbano nada saben de amenazas de bomba como métodos de distracción.

En el caso de Sebastián Sotomayor es lo mismo que hacían gobiernos priístas. Pero no de manera tan poco profesional. Los magistrados del STJ siempre han sido sumisos ante el poder en turno. Todo mundo sabe que la autonomía del Poder Judicial es una vacilada. Hoy el gobierno del Nuevo Sonora lo demostró una vez más, pero en una forma muy cruda.

El mensaje debería ser interpretado por el Poder Legislativo: El poder se ejerce, no se comparte.