Hermosillo, Son. 6 de agosto de 2012.- La Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del
ejercicio de 2011 y las de los 72 ayuntamientos, así como emitir la
convocatoria para la designación de magistrados del Tribunal Estatal Electoral,
son entre otros, los temas que tiene pendiente desahogar la 59 Legislatura,
informó el presidente de la Diputación Permanente, Félix Rafael Silva López.
Al término de la sesión
ordinaria, el legislador también hizo un exhorto a todos los diputados que
estén interesados en presentar alguna iniciativa en beneficio de los sonorenses, a que lo hagan cuanto antes
o, en su defecto, que platiquen con el Presidente de la comisión respectiva
para sacar adelante los temas antes de finalizar su labor el 15 de septiembre
del presente.
“Estamos en la misma sintonía de
trabajar por el bien de Sonora. La iniciativa que se presentó hoy es un paso
que deberíamos haber dado porque desgraciadamente mucha gente que cuida a otra
no tiene para mantenerse ni la otra ni ella”, expresó el diputado Silva López.
El Presidente de la Diputación
Permanente consideró asimismo que la 59 Legislatura no dejará menos pendientes
de los que su antecesora les dejó a ellos cuando asumieron en septiembre de
2009.
“Es menos trabajo el que les
vamos a dejar; la pasada nos dejó como 200 asuntos, van a ser menos de 100”,
aseveró.
En la sesión ordinaria, a la
que además asistieron los diputados Reginaldo Duarte Íñigo, vicepresidente;
Jesús Alberto López Quiroz, primer secretario; José Guadalupe Curiel y César
Augusto Marcor Ramírez, suplentes, se turnó a la Comisión de Desarrollo Social
una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora.
A nombre del diputado Vicente
Javier Solís Granados, autor de la iniciativa, el diputado Marcor Ramírez dio
lectura al documento en el que se propone incluir la consideración de los
cuidadores familiares de personas adultas mayores dependientes funcionales,
como grupo poblacional que también se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Esto por los riesgos de salud,
desventajas económicas y sociales a los que están expuestos al asistir
cotidianamente y sin remuneración al creciente número de familiares adultos
mayores con salud fragilizada, destaca la iniciativa.
La reforma a la Ley de
Desarrollo Social constituye una respuesta concreta a las necesidades de
atención y apoyo a los sectores vulnerables, con un sentido de orden,
sistematización y coordinación, incorporando mecanismos de control para el uso
adecuado de los recursos destinados a los programas de desarrollo social,
agrega.
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