SONORA, UN ESTADO SIN LEY

Carlos Moncada Ochoa

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Por Carlos Moncada Ochoa publicada el día 2011-10-21

     HERMOSILLO, Sonora, octubre 21 de 2011.- Que no hay ley en Sonora lo demostramos con la desobediencia a las órdenes de una juez federal y el secuestro de la trabajadora Gisela Peraza Villa, temas expuestos en sendos artículos. Pero prometimos tres ejemplos. El tercero es la operación, totalmente al margen de la Ley 123 que regula su actividad, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La explicación es simple. De acuerdo con la citada Ley, el gobernador debe proponer al Congreso del Estado, y éste aprobar los nombramientos, de varios ciudadanos que integrarán el Consejo de la Comisión. Serán “seis personas de prestigio reconocidas en la sociedad sonorense, que sean mexicanos en ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos y que no desempeñen cargo, empleo o comisión como servidores públicos”.

El gobernador no ha cumplido esa obligación, y tan mal como él se encuentra el Congreso, pues la parte final del Artículo 19 dice: “Si el titular del Poder Ejecutivo dejare de formular los nombramientos que se indican en este artículo dentro de un plazo de treinta días posterior al vencimiento de las designaciones que deben ser constituidas, el Congreso del Estado lo requerirá para que presente dichos nombramientos dentro de los siete días siguientes a la notificación respectiva y, si pasare este plazo sin respuesta del gobernador, el Congreso hará el nombramiento directamente”.

¿Cuáles son las funciones del Consejo? Entre otras, definir, a propuesta del presidente de la Comisión, los lineamientos que debe ésta seguir; conocer los informes mensuales del presidente; obtener información sobre los asuntos resueltos o que estén en trámite; conocer previamente el informe que cada año debe rendir ante los tres poderes; conocer el informe sobre el manejo del presupuesto; opinar previamente sobre la remoción o nombramiento del secretario ejecutivo y de los visitadores.

El Consejo es un órgano regulador de los programas, acciones y estrategias del presidente de la Comisión, pero faltan tres meses para que el organismo cumpla dos años y no hay Consejo todavía ni señas de que se integrará. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se puso en manos del licenciado Raúl Ramírez para que haga con ella lo que le venga en gana. No hay nada que lo frene, nadie que le llame la atención.

¡Y se asombran de que se vaya a Europa o a Sudamérica gastando lo que no es suyo!

¿Quién debe ponerle el cascabel al gato, es decir, pedirle al gobernador que al menos en este rubro se coloque en el campo de la Ley? Yo creo que el indicado es el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. Que le recuerde al gobernador que debe hacer la propuesta. Pero el presidente de esa Comisión es el diputado Damián Zepeda Vidales, miembro del PAN, que vive pendiente de la respiración de su gobernador. ¡Se moriría de susto y de miedo sólo de imaginar que su jefe se pudiera molestar!

Mejor que el Estado continúe así: sin Ley.