MANUEL ESPINIO PIDE INVESTIGAR INTROMISIÓN DE ROBERTO GIL ZUARTH EN TRIBUNAL ELECTORAL

Los Pinos hicieron ingerencista presión a dicho órgano, dijo el ex dirigente nacional del PAN

 

    MÉXICO, D.F., julio 05 de 2011.- “Al impugnar mi ilegal y arbitraria expulsión del PAN ante el TEPJF, me he percatado de una injerencista presión de Los Pinos a dicho órgano del Estado. Diversas fuentes señalan al joven secretario particular del Presidente de México, Roberto Gil Zuarth —el mismo a quien Calderón quiso imponer como jefe de Acción Nacional, amigo muy cercano del magistrado ponente de mi caso, Salvador Nava— como el emisario encargado de hacer torcer la ley a los magistrados para ratificar mi salida de Acción Nacional”, reveló Manuel Espino en un escrito enviado hoy a militantes panistas.

 El ex presidente nacional del PAN también expuso algunos argumentos jurídicos sobre el caso, como los siguientes: “De confirmarse la intromisión del gobierno federal, por conducto del servidor público Roberto Gil, en asuntos que no son de su competencia, podrían estarse actualizando algunos de los delitos tipificados como tales en el Código Penal Federal (CPF). En ese supuesto podrían encontrarse ya el secretario de Calderón o algún magistrado del TEPJF que se preste a esa pifia. Del primero, según establece el artículo 213 de la citada ley, podrían dar lugar a una agravación de la pena en razón de tratarse de un funcionario o empleado de confianza. De no justificar el magistrado ponente postergar indefinidamente la resolución, podría estar incurriendo en el delito de abuso de autoridad al no despachar un asunto pendiente ante él (artículo 215 del CPF). Si se confirma complicidad entre Gil Zuarth y algún magistrado para tomar medidas contrarias a la ley en mi perjuicio, podrían ambos incurrir en el delito de coalición de servidores públicos (artículo 216 del CPF). Según la forma en que se dé la presión desde el gobierno hacia los magistrados, podría haber delito de concusión o de intimidación (artículos 218 y 219 del CPF), lo que podría alcanzar culpa para el mismísimo Felipe Calderón”.

“Si, como me informan, Roberto Gil es la interpósita persona que retarda la administración de justicia o promueve la resolución ilícita en mi contra, por emitir opiniones incómodas al Presidente que exhiben actos incongruentes suyos y de algunos dirigentes del PAN, estaríamos en el supuesto del delito de tráfico de influencia o de peculado, según la forma de violar algún precepto terminante de la ley (artículos 221 y 223 del CPF). Si un magistrado se prestara al abuso de ratificar mi expulsión a cambio de alguna dádiva, estaríamos frente al delito de cohecho (artículo 222 del CFP). En el hipotético caso de que los magistrados fueran obligados por el poder presidencial a dictar una sentencia ajena a derecho, incurrirían en el delito que señala el artículo 225 del CPF: dictar, a sabiendas, una sentencia ilícita”, argumentó Espino Barrientos.

El ex presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América reflexionó sobre la persecución política que se ha orquestado desde altas esferas gubernamentales: “La mano presidencial no solo ha intervenido indebidamente para asediarme políticamente —ante instancias partidistas y ahora del Poder Judicial—, mi caso es solo uno de muchos: si algo ha distinguido al estilo personal de gobernar de Calderón es su invasión de espacios de poder y jurisdicciones ajenas a las que le marca la ley, siempre con la complacencia o la resignación de los dirigentes del PAN. Nada hay que justifique la prepotencia oficial en mi contra, como nada hay que me impida denunciar los hechos de intromisión del Ejecutivo en el espacio jurisdiccional del TEPJF. Será la investigación judicial la que despeje las dudas que hoy se generan en el dicho de quienes afirman la ‘operación’ de Gil por órdenes de su jefe. Ya se verá si se trata de rumores o de una expresión más del autoritarismo de Los Pinos”.