miércoles, 22 de junio de 2011

MANUEL ESPINO ENVÍA INTERESANTE MISIVA AL EMBAJADOR EN MÉXICO DE LA OEA

Manuel Espino Barrientos, ex presidente
del Partido Acción Nacional en México.
Por lo interesante del contenido la reproducimos íntegra

Ciudad de México. 22 de junio de 2011.


Embajador Antonio José Aranibar
Representante en México de la Organización de los Estados Americanos
Presente.


Estimado Embajador Aranibar:


Para los países de América siempre es una baza contar con una sólida institución que apoya las mejores causas en pro de la democracia, los derechos humanos y la paz: la Organización de los Estados Americanos.

Por ello, acudo ante esta institución internacional para llamar su atención sobre una amenaza a la joven democracia mexicana: judicializar la política y politizar la justicia, en detrimento de las libertades de los ciudadanos.

Durante los últimos meses, académicos, editorialistas y políticos de los más diversos signos han señalado que algunas instituciones encargadas de procurar justicia y de trabajar por la seguridad pública han sido manipuladas con intenciones electorales y partidistas. Este es ya un tema reiterado en la opinión pública mexicana.
Repetidamente y en todas las regiones del país se ha hablado del uso de las fuerzas armadas como una herramienta de legitimación política. También se ha denunciado la conducción de estrategias contra el crimen organizado con fines políticos y el arresto de personas durante momentos clave de campañas electorales. No me extiendo sobre este tema, seguro de que cualquier análisis de los medios de comunicación dará a la OEA sobrados ejemplos de esta preocupante situación.
Por haber presidido el Partido Acción Nacional (PAN) en momentos trascendentes para la democracia mexicana, me preocupa especialmente que hoy, cuando tiene la alta responsabilidad de gobernar a México, algunos de sus líderes acosen y persigan a quienes expresamos opiniones discrepantes, ejerciendo presión tanto desde organismos del partido como gubernamentales.

En muchos casos, estos ataques a la libertad de expresión han tenido que litigarse en tribunales. En por lo menos la mitad de las entidades federativas que componen la República mexicana ha habido persecución contra militantes del PAN, situación por demás lamentable en una institución que descolló en el paisaje político internacional como referente de lucha pacífica por la democracia.

Entre los numerosos casos de acoso a militantes, se encuentra el mío, que puede considerarse ejemplar: se busca expulsarme del PAN porque me inconformé por acciones arbitrarias de algunos dirigentes, mismas que han dañado al sistema de partidos, contribuyendo a su desprestigio y a provocar el desencanto de la ciudadanía con la democracia. Es significativo del clima de censura que existe en México que en el expediente que se armó ex profeso para expulsarme se afirme, literalmente, que incurrí en un “abuso de libertad de expresión”.
En México la institución encargada de proteger los derechos político-electorales del ciudadano es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante el cual he interpuesto un juicio. Debo advertir, sin embargo, que el TEPJF con frecuencia es presionado desde el Gobierno Federal y otras instituciones del Estado para que tome sus decisiones con base en criterios políticos incompatibles con la justicia constitucional.
Ciertamente este alto Tribunal tiene un historial en el que destacan decisiones que protegen los derechos de los ciudadanos, plenas de imparcialidad y apego a la ley. No obstante, el clima político se ha descompuesto tanto y las acciones de coacción se han recrudecido a tal nivel que ya ninguna institución está a salvo de la pesada mano gubernamental.

México está reescribiendo viejos capítulos del libro de su historia. Ya habíamos dejado atrás la persecución de las ideas; ya habíamos consolidado la libertad de pensamiento y expresión; ya nos habíamos acostumbrado a que nuestra voz política se alzara con la fuerza de la democracia. Confío en que el Poder Judicial, representado en este caso por el TEPJF, se erija en baluarte de defensa de la libertad de expresión, esencia de la democracia.

Recientemente, el "Barómetro de las Américas México 2010" afirmó que la República mexicana se encuentra en “recesión democrática”. Esta institución señaló que México ocupa el lugar 24 de 26 países americanos evaluados en su “satisfacción con la democracia” y que “el indicador cayó 44.9 puntos en 2010”. Añade el Barómetro que tal percepción negativa “abre un espacio en que la opinión pública puede empezar a creer en otro tipo de régimen, como por ejemplo un gobierno militar”.
Planteo esta preocupación a la OEA buscando que la comunidad internacional se mantenga atenta al acelerado deterioro de las libertades democráticas en mi país. Estamos a trece meses de la elección del próximo Presidente, de la totalidad del Congreso de la Unión y de miles de servidores públicos locales. En las campañas electorales seguramente habrá fuertes señalamientos, mismos que podrían ser perseguidos desde el gobierno usando la consabida tesis del “abuso de la libertad de expresión”. Es urgente proteger el debate democrático y la difusión de las ideas.
Ya hay señales de lo que podría venir: estamos en un sexenio negro para la libertad de expresión. Durante la actual administración federal, 53 periodistas han sido asesinados y 11 más han sido desaparecidos. A ello se suman las acciones de presión intimidatoria a comunicadores, mucho más numerosas y desgraciadamente cada vez más generalizadas. México ya es en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. El asesinato se ha convertido en la más brutal de las mordazas.
Al recordar que la prensa libre fue esencial en la construcción de la alternancia pacífica, es previsible lo que sucederá en el actual ambiente de intolerancia: si de la libertad de expresión surgió la democracia, seguramente desde la censura se empoderará el autoritarismo.
Durante cuatro años presidí una institución continental comprometida con los derechos humanos: la Organización Demócrata Cristiana de América, que congrega más de treinta partidos políticos. Por ello, sé de primera mano que la democracia mexicana ha sido un orgullo para Iberoamérica. En el 2000, con el apoyo moral y político de la comunidad internacional, los mexicanos transitaron hacia la democracia sin odio, sin sangre, sin balas, inspirados por la búsqueda de un futuro con dignidad para todos.
Ese es un logro comunitario que hoy debemos defender, también, de manera comunitaria. Por ello, todos tenemos el deber ineludible de proteger la libertad de expresión y de combatir todas las acciones que amenazan los derechos cívicos de los mexicanos, pues generan una arena política en la que solo los autoritarios ganan. El movimiento nacional Volver a Empezar, del cual soy coordinador, ha asumido este compromiso, junto a millones de mexicanos que esperamos la solidaridad de la comunidad internacional.


Atentamente,

Manuel Espino Barrientos

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