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| Jesús A. Cano Velez |
La necesidad de efectuar urgentes reformas estructurales –largamente
postergadas por divergencias políticas en años anteriores– ha llevado a los
poderes ejecutivo y legislativo a acordar profundas modificaciones
constitucionales, con todo y sus leyes secundarias; una tarea titánica de
negociación política que apenas inició, lleva avances importantes, pero aún
está en proceso.
El rápido crecimiento de la
población, que se ha duplicado en los últimos 40 años, ha llevado a México a
alcanzar una población de 115 millones de personas, preponderantemente jóvenes,
con la problemática que eso ha generado, obligando importantes modificaciones
legislativas, económicas y financieras.
Se suman a ello, los recientes
avances tecnológicos en materia energética, que harán de México uno de los
países de más alta producción de hidrocarburos, por los descubrimientos
recientes de las potencialidades mexicanas por las “lutitas petrolíferas” que abundan
en nuestro país.
Pero por otro lado, enfrentamos la
escasez de agua, espacio, tierras agrícolas fértiles, bienes naturales,
recursos financieros con necesidades urgentes a satisfacer, como son la
educación de millones de niñas y niños, la construcción de infraestructuras
diversas, así como viviendas para familias que se forman con una gran rapidez.
Todo lo anterior es una manifestación del tamaño de los retos y la grandeza y
potencialidades de nuestro país.
Pero para poder enfrentar el futuro
con las respuestas que demandan los mexicanos, tenemos necesidad de adecuar
nuestra capacidad legal y económica de actuar. De ahí las acciones que se están
tomando.
En 2012 – 2013 se hicieron
modificaciones constitucionales y de leyes secundarias en materia de educación.
Igualmente, en 2013 – 2014, se iniciaron acciones constitucionales y de leyes
secundarias, concluyéndose algunas, para fortalecer la transparencia y el
acceso a la información pública; igual que ocurrió con la Reforma Financiera y
la Reforma Hacendaria, que aún están en proceso de concluirse sus etapas
secundarias.
Luego en 2013 – 2014, se actuó sobre
la Reformas Constitucionales en Telecomunicación y Radiodifusión, con avances
importantes en sus respectivas leyes secundarias; igual que ocurrió con la
Reforma Constitucional en materia de Competencia Económica.
Se están dando también avances
importantes en la Reforma electoral, en la Consulta popular, y en el Código
Penal Único de Procedimientos Penales. Igualmente, estamos a mes y medio que
concluya el actual período ordinario de sesiones del Congreso, y con ello se
cumpla el lapso de 120 días que establece la Reforma Energética para que el
Poder Legislativo apruebe las leyes secundarias en la materia, según dicen los
legisladores del Senado de la República.
El presidente de la Comisión de
Energía del Senado, David Penchyna Groub, planteó recientemente que los 21
artículos transitorios de la reforma en cuestión, implican “un nuevo modelo
energético global, que no se limita al sector petróleo o eléctrico”, ya que
también contempla aspectos relacionados con el ambiente y la seguridad.
Refirió que el paquete de leyes
secundarias “contempla 29 ordenamientos de alta especialidad” y se mostró
confiado en que el Gobierno Federal enviará una iniciativa “muy profesional a
partir de la cual los senadores podrán tomar decisiones importantes para que el
país avance.”
Al respecto, destacó que “en esa
reforma constitucional hubo una mayoría de dos terceras partes que quiso cambio
y, con esa mayoría, podemos seguir realizando el cambio en la legislación
secundaria;” y de acuerdo con el documento que elaboró el Senador Penchyna, “La
reforma energética, los siguientes pasos”:
Son siete los fundamentos del nuevo
modelo energético mexicano: que 1) los recursos son propiedad de la nación; 2)
el Estado ese el rector de la política energética; 3) hay la existencia de
vigorosas empresas productivas del Estado; 4) se cuenta con un sector abierto a
la competencia; 5) la renta petrolera debe ser vista como palanca de estabilidad
y desarrollo; 6) que es necesario actuar con responsabilidad a favor de la
sustentabilidad del medio ambiente; y 7) que hay que actuar con transparencia y
mejores prácticas.
“Finalmente,” concluye, “sobre la
intención de los partidos de izquierda de revertir la reforma energética
mediante una consulta popular, hay que entender que se trata de una reforma
blindada para garantizar certeza jurídica.
Por lo tanto, “la consulta popular no
aplica a reformas constitucionales. La única via que existe para modificar el
texto a cualquier artículo de la Constitución es mediante un nuevo
procedimiento de reforma constitucional.”
Jesús Alberto Cano Vélez
(*) Presidente del Colegio Nacional de Economistas,
Federación de
Colegios de Económistas, A.
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