MENSAJE DEL DIP. ALFONSO DURAZO POR CUARTO ANIVERSARIO DE TRAGEDIA DE GUARDER͍A ABC

       MÉXICO, D. F., Junio 05 de 2013.-  La tarde del 5 de junio de 2009 -aun en este país repleto de hechos en los que lo trágico se ha vuelto cotidiano- una tragedia inimaginable sacudía al país: La muerte de 49 pequeños en el incendio de una guardería privada que funcionaba bajo el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por las investigaciones oficiales se tuvo conocimiento que la guardería ABC no contaba con las más elementales medidas de seguridad.

La pena, el luto y la indignación social crecieron en forma proporcional al conocimiento de los múltiples hechos de negligencia y omisión que habían dado lugar al incendio.

Sólo el gobierno parecía no conmoverse frente a la tragedia que había cobrado 49 vidas apenas iniciadas.

Las primeras acciones del gobierno, en todos sus niveles, fueron para proteger a los responsables directos e indirectos más cercanos a la tragedia.

Por ello el incendio de la guardería ABC ha quedado grabado en la conciencia colectiva como una marca de profunda tristeza pero, sobre todo, como el más claro ejemplo de la impunidad, que ha convertido a nuestro país en territorio de pillaje y ultrajes sin fin.

Ciertamente, el reclamo de justicia de los padres y madres de los pequeños llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo informe reconoció la existencia de 19 funcionarios involucrados en los hechos por negligencia y omisión.

Pero nada pasó.

El actual gobernador, Guillermo Padrés, entonces en campaña, asumió el compromiso de hacer justicia en el caso. Lo mismo ofreció Peña Nieto en su campaña presidencial, tres años después.

Pero a cuatro años de distancia de la tragedia, todo sigue igual.

Han cambiado gobiernos a nivel nacional, estatal y municipal, pero el reclamo de justicia sigue sin ser atendido; no sólo eso, los responsables de estos indignantes hechos siguen gozando de impunidad, siguen gozando, incluso, de presencia en la vida política del país, como si nada hubiera pasado.

Históricamente, han sido recurrentes el cinismo y la complacencia del poder para encubrir robos y desfalcos, incluso masacres como la del 2 de octubre de 1968, pero nunca una tragedia infantil como la del 5 de junio de 2009.

Un hecho tan dramático como el acaecido en esa fecha hubiera resultado en cualquier nación del mundo sujeta a un régimen medianamente efectivo de derecho, no sólo en el castigo correspondiente a los responsables, sino incluso en la caída de dichos gobiernos.

La sociedad ha mantenido el reclamo de castigo a los responsables, pero sobre todo el reclamo de proteger la vida de todos los pequeños en las guarderías del país mediante los cambios legales e institucionales imprescindibles para ello.

El incendio en la Guardería ABC, es una tragedia que por encima de lo político me conmueve como mexicano, como sonorense, pero sobre todo como ser humano y como padre de familia.

No pretendo conmoverlos -acaso sea inútil intentarlo- pero todos los que somos padres -y los que no lo son pueden imaginarlo- sabemos que nada puede compensar la pérdida de un hijo, bajo ninguna circunstancia, sea cual sea su edad; mucho menos cuando quienes mueren apenas comenzaban a vivir.

Así es que no tengo ningún interés en que este punto de acuerdo se convierta en un obstáculo para uno u otro aspirante a un puesto de elección popular o a otro; no tengo interés alguno en beneficiar o perjudicar a uno u otro grupo político en Sonora.

Sería de una mezquindad inadmisible que ese fuera su objetivo. Este punto de acuerdo se inscribe en la persistencia social de reclamar justicia en el caso de la guardería ABC.

Y justicia es que pague quien tenga que pagar.

A los funcionarios que se fueron sin cumplir con esa responsabilidad -señaladamente Felipe Calderón- la historia les echará en cara su incumplimiento. Pero la impartición de justicia es una responsabilidad de Estado, no sólo de gobierno.

No es una tarea pendiente de los que se fueron ni de los que llegaron, sino del Estado Mexicano, independientemente de partidos y fechas.

Todos los involucrados quieren pasar la página de esta tragedia, pero no hay forma de hacerlo sin conocer, cuando menos, la verdad de los acontecimientos. Toca ahora al presidente Peña Nieto, Jefe del Estado mexicano, cumplir con esa responsabilidad.

El Congreso de la Unión, a su vez, debe sumarse solidariamente, mejorando el marco legislativo e institucional para garantizar que no se vuelvan a repetir hechos de naturaleza similar.
Con este fin propongo 4 acciones que nos involucran como legisladores:

1. Impulsar la creación de una Comisión de la Verdad, oficial pero no jurisdiccional, integrada por ciudadanos de la más alta calidad moral y compromiso social, que nos den certeza en sus investigaciones y decisiones.

Esa es la única opción de justicia para las víctimas.

2. Promover la construcción de un memorial en la Plaza Zubeldía de Hermosillo, Sonora, espacio donde están ubicadas las cruces de los niños fallecidos y donde inició su camino el movimiento de padres de familia en la búsqueda de justicia por sus hijos. El objetivo es que el 5 de junio, como el 2 de octubre, no se olvide jamás.

3. Impulsar como legisladores las reformas legales e institucionales -algunas de ellas efectivamente estructurales- que aseguren que las guarderías del país contarán con las condiciones operativas imprescindibles para garantizar que este tipo de tragedias no se repitan jamás.

Muchas gracias por su atención