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Jesús A.Cano Velez |
(Sedatu) y el secretario de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), anunció un Programa Nacional de Vivienda para elementos de
Seguridad Pública en el país, con el fin de resolver el rezago habitacional de
ese importante segmento poblacional y acceder a satisfacer sus necesidades de
una vivienda digna.
Con base en la política nacional de vivienda anunciada en febrero pasado
por el Ejecutivo nacional, la Sedatu y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)
llevaron a cabo un diagnóstico para identificar las necesidades de dicho sector
a fin de resolver el rezago habitacional de los 180 mil policías, agentes de
tránsito, guardias y vigilantes identificados, cuyas familias necesitan mejorar
su situación de vivienda.
El primer estado de la Federación en integrarse en el programa fue
Campeche, para el que se elaboraron esquemas de crédito y garantías por la SHCP
y la SHF, para atender las necesidades particulares detectadas en sus fuerzas
de seguridad. El análisis se hizo de forma coordinada entre la Comisión Estatal
de Suelo y Vivienda y las instancias federales: Sedatu, la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi) y la SHF.
El programa diseñado en Campeche
incluye: una aportación de 18 millones de pesos por el estado, otros 18
millones de la Conavi y crédito y garantías por parte de SHF de 70 mil o 90 mil
pesos, según el requerimiento de financiamiento de cada una de las acciones de
vivienda requeridas.
El programa incluyó también aportaciones en especie del estado y
municipios, como reservas territoriales, licencias y permisos, igual que
garantías de Fonhapo y garantías de primeras pérdidas para los intermediarios
financieros, en apoyo a los créditos de la SHF.
Adicionalmente la SHF dará una asesoría a las familias a beneficiarse,
para ayudarlas a definir sus necesidades y preferencias entre: (1) Mejoras a
sus viviendas, (2) autoconstrucción, (3) adquisición o inclusive (4) renta.
En Campeche se definieron seis esquemas de mejoramiento de viviendas,
con costo promedio de 34 mil pesos; los costos a aplicar para la adquisición de
vivienda fueron 145 mil o 185 mil pesos, según el caso.
Y ahora, entre mayo y julio las demás entidades federativas presentarán
sus programas mediante convenios en los que todas las partes presentarán sus
compromisos de participación y de aportación para el programa de sus
respectivas entidades federativas. Se espera que unas 17 entidades federativas
participen. Éstas representarán un premio a la lealtad y al cumplimiento de sus
responsabilidades asignadas.
Éstas recibirán financiamiento a través de los entes financieros,
preferentemente regulados. Los programas incluirán diagnóstico de sus
necesidades y talleres de administración financiera para ayudar a las familias
a escoger entre las opciones la que más les sea viable.
*Jesús Alberto Cano Vélez
Presidente del Colegio Nacional de Economistas,
Federación de Colegios de Economistas, A.C.
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